El artículo trata sobre las políticas públicas "anti-crimen urbano" del sistema francés y el norteamericano.; se hace una comparación interesante que, en realidad, es reflejo de dos corrientes de ataque al mismo problema. 
Por un lado la flexible y central administración francesa, opta por encontrar el verdadero problema de la violencia urbana, generando políticas que influyan en la forma de la ciudad. Mientras que el estadounidense solo ataca los pequeños problemas que surgen sin ver la causa, lo que influye en la estructura y su desarrollo rezagado. A continuación muestro un cuadro comparativo entre Francia y Estados Unidos, lo casos que menciona el autor, pero incluyo a México.
Así pues, Sophie Body-Gendrot menciona en la lectura que las inversiones en la ciudad están dadas por varios actores que comparten objetivos: mejorar los barrios de clase-media por medio de la educación y disminuyendo la criminalización, principalmente. Y estoy de acuerdo con ella sin embargo, la mayoría de la población en México tienen como objetivo fundamental sobrevivir dejando como segundo termino la forma de superarse por medio de la educación. Es indiscutible que la delincuencia surge por diferentes factores, pero juzgar a una persona por pobre igual a delincuente es una forma no muy sensata de hacerlo. ¿Y de verdad los delincuentes son pobres?, ¿qué los lleva a cometer entonces lod delitos?¿Falta de opostunidades de acceso a la educación pública superior?. Todas las anteriores interrogantes sin duda denotan que la sociedad mexicana está en fuertes aprietos. es así que los jóvenes nos encontramos en un contexto de violencia e inseguridad.
Hay diversos tipos de delincuencia. Es equivocado aplicarles a todas el mismo tratamiento. La cometida por jóvenes es sólo una y tiene sus lógicas causales.
En América Latina, uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. Sólo 49% de los jóvenes termina la secundaria. Sin escolaridad no hay muchas posibilidades de conseguir trabajo en la economía formal.
Muchos de los jóvenes encarcelados llegaron al delito desde la marginación. Cuando salen del sistema de ‘readaptación’ están mucho peor que antes, por lo que reinciden. Si la sociedad no hace nada al respecto, es difícil sorprenderse después.
En Estados Unidos el Congreso aprobó casi por unanimidad la ley de la segunda oportunidad (abril de 2008), que convierte la rehabilitación en una meta central del sistema de justicia federal. El planteamiento es que los ex reclusos sean apoyados activamente por los Estados y municipios para conseguir casa, seguro de salud, empleo y tratamiento contra la droga. De aplicarse esta ley cabalmente, se estima que el costo será mucho menor que el de los juicios y cárceles.
En América Latina, se han dado intentos en esa dirección. Por ejemplo, en Argentina se creó un centro universitario en una cárcel, Devoto, para que los presos pudieran seguir estudios. Sólo el 3% de sus ex alumnos volvieron a cometer delitos. En Costa Rica, el sistema penitenciario está obligado a dar cursos de alfabetización, escuela primaria, secundaria y universidad para los presos que lo deseen. La tasa de reincidencia es menor que la regional.
En el Distrito Federal, el Procurador, Miguel Ángel Mancera, solicitó a los diputados locales que trabajen en una reforma en la que los primodelincuentes no sean sancionados con prisión, sino con trabajo comunitario. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en 2009 ingresaron a los penales del DF 26,830 personas acusadas de haber cometido su primer delito.
El ex diputado Humberto Morgan informó que cada interno representa una inversión de 130 pesos diarios, es decir $ 3,487,900 pesos diarios en total. El gasto anual para mantener al total de los internos que cometieron por primera vez un ilícito es de más de 1,273 millones de pesos.
Pero también es importante que para la recuperación de los jóvenes en conflicto con la ley vean cambios en su entorno familiar y un mayor apoyo de parte de sus familiares. Al respecto, 14% de adolescentes en conflicto con la ley tiene parientes en la cárcel y el 25% es miembro de familias uniparentales.
Estadísticas de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores refieren que el 47% de los internados no cuenta con familiares que los ayuden a lograr su reinserción. La mayoría de los jóvenes capturados sólo reciben el apoyo momentáneo de sus padres.
En los países nórdicos, que tienen la más baja proporción de policía per cápita del planeta, tienen bajos niveles de delincuencia. Su éxito está en que el sistema social incluye oportunidades reales de educación y trabajo para los jóvenes.
Un estudio de USAID (2006) que apunta el fracaso de la mano dura en Honduras, El Salvador y Guatemala, muestra que muchos de los jóvenes jamás han experimentado una interacción positiva con el Estado. Con frecuencia, su única vivencia del Estado es la policía haciendo arrestos y encarcelando personas. El clima social para los jóvenes pobres es hostil. En el Latinobarómetro 2008, los encuestados dicen que las personas más discriminadas en América Latina son los pobres, y un 62% dice que la policía es más propensa a detener a un joven que a un adulto. Ser pobres y jóvenes es un estigma muy visible.
En diversos países, dos tercios de los delincuentes jóvenes vienen de hogares desarticulados. La familia es fundamental en la prevención del delito. Muchas familias pobres se quiebran ante el estrés socioeconómico. Sin embargo, la protección de la familia no está en la agenda de la seguridad ciudadana.
En lugar de dar a los jóvenes en riesgo más educación, más trabajo y más familia, la respuesta convencional es "más de lo mismo": represión, encarcelamiento y punición. Se está facilitando así la generación de una mano de obra cautiva para el crimen organizado.
El problema requiere soluciones multicausales. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas pero, al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda social y económicamente a su complejidad.
Bibliografía
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